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Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Salud, Educación y Justicia, junto a otros actores sociales, deben coordinar atención a violencia de género

Respuestas insuficientes y fragmentadas del sistema impiden enfrentar adecuadamente el problema

Salud, Educación y Justicia, junto a otros actores sociales,  deben coordinar atención a violencia de género Lourdes Contreras, Directora del Centro de Estudios de Género, y Rolando Guzmán, Rector del INTEC durante la presentación del documento.

Santo Domingo. La integralidad en el sistema de atención a la violencia contra la mujer es el principal desafío a superar desde las instituciones del Estado con responsabilidad en la atención a este problema social, principalmente en los sectores Salud, Educación y Justicia.

Así lo plantea el documento de análisis “Sistema de atención a la violencia contra las Mujeres: Alcances y Desafíos”, elaborado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), que evalúa las acciones al respecto, publicado en ocasión del Día Internacional de la Mujer, en el cual se considera la violencia y los feminicidios como uno de los principales problemas que la afectan en estos momentos.

“Durante más de cinco años consecutivos el país ha registrado un promedio de 200 feminicidios por año, lo cual, sumado a otras evidencias respecto a los asesinatos de mujeres cometidos dentro y en el entorno al ámbito doméstico, posicionan a la República Dominicana como el de mayor prevalencia entre cuarenta países del continente americano”, explicó Lourdes Contreras, directora del CEG, quien en ese orden citó un estudio del Instituto Centro Reina Sofía de España.

El país registra avances en asumir el tema como parte de la agenda pública, pero retrasos en la atención integral al mismo.

Hace ya unos 15 años que fue creada la Comisión  Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI)  y  hace poco más de una década, fue definido un Modelo Nacional para la Prevención y Atención  de la Violencia Intrafamiliar, pero aun estamos lejos de la prevención y de la promoción de una vida sin violencia.

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública, declarado como tal por la Organización Panamericana de la Salud en la década de los noventa. Desde el año 2001 existen las Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer, pero en 2012 solo 60 médicos fueron capacitados en ellas.

“A pesar de toda la normativa y de que el modelo de atención apunta a la integralidad, las acciones del sistema son insuficientes y fragmentadas, lo cual impide solucionar el problema”, dijo Contreras. “Es innegable que estamos frente a un problema que desde hace tiempo pasó a integrar la “Agenda Pública”, lo cual fue un primer paso; pero la lentitud y debilidad en la acción articulada de las instancias garantes de derechos de las mujeres, llama a cuestionamiento es si realmente la violencia contra las mujeres forma parte de la “Agenda Gubernamental”, entendida más allá de la retórica presidencialista y concretada en un conjunto de acciones articuladas, priorizadas y dirigidas a impactar sobre el fenómeno. La acción de todas las instituciones debe articularse alrededor de cada caso pero también de la problemática, con la correspondiente asignación de recursos para su ejecución”.
El documento estará descargable a través de la página web del INTEC www.intec.edu.do

Alcances:

Educación
El alcance en el abordaje del fenómeno de  la violencia por parte del sector educativo resulta en un balance negativo en la medida que reproduce los estereotipos que perpetuán la violencia contra las mujeres y contribuye a que nuestras nuevas generaciones no trasciendan la visión androcéntrica  y no haya desmonte de la masculinidad agresora.

Salud
Las mujeres no disponen de servicios de atención integral que asuma la violencia como causante de deterioro de la salud de las personas.  El sistema de salud genera oportunidades perdidas para intervenir con acciones preventivas, detectando, registrando, notificando los casos y ofreciendo la atención y/o referencia acorde a lo establecido en las normas y protocolos correspondientes. La violencia institucional está presente, sobretodo en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva, obedeciendo a las normas sociales del sistema patriarcal que establece el control del cuerpo de las mujeres socavando su autonomía física. La violencia contra las mujeres no es registrada en los servicios de salud, ni diagnosticada; por lo tanto para fines estadísticos no existe.

Justicia
El sector justicia ofrece a las mujeres un limitado acceso para ejercer su derecho a disponer de servicios y protección judicial. Muestra de ello es que un promedio nacional de unas 60 mil denuncias de violencia de género son recibidas anualmente y solo alrededor del 4% llega a los tribunales. Las mujeres se ven compelidas a abandonar el proceso legal debido a múltiples factores, entre los que se destacan las barreras del propio sector para acceder a los servicios. A lo interno del Ministerio Público, cuando las mujeres desisten, existe incapacidad para dar continuidad a los casos denunciados, algo mandatorio por tratarse de hechos de orden público, en que las acciones legales deben continuarse hasta que se produzca una sanción en contra de los  agresores.

Los principales desafíos a superar, según el documento, que recoge una serie de recomendaciones, son:

  Promoción formas de relaciones sociales basadas en políticas que promuevan la igualdad
  Detección oportuna y atención en salud para las víctimas de violencia contra las mujeres
  Sistemas de información, monitoreo y evaluación, con el establecimiento de un sistema nnacional  único de información y estadísticas sobre violencia contra las mujeres, que permita la obtención de información para la toma de decisiones, con indicadores y metas que permita dar seguimiento conjunto a la implementación de las políticas referidas a este tipo de  violencia por parte de los diferentes sectores e instituciones.

  Persecución y sanción del delito
• Asegurar a las mujeres el debido acceso a la justicia, no circunscrito a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir la impunidad.
• Incorporar garantías procesales para las mujeres que enfrentan actos de violencia, tales como la gratuidad[1]. de los servicios jurídicos, la protección a la intimidad y confidencialidad, el derecho a obtener una respuesta oportuna, y a recibir un trato humanizado,  facilitar los procesos de denuncia e imposición de medidas urgentes de seguridad y citaciones, entre otros.
• En este orden, se requiere  la adecuación de las normativas  vigentes para establecer medidas de protección en favor de las víctimas, incluyendo medidas urgentes de seguridad y medidas de carácter precautorio, según correspondan.

  Vigilancia y sanción a la violencia institucional
• Establecer mecanismos de vigilancia y sanción al acoso sexual en las escuelas,  y a la violencia en general, en el ámbito educativo.
• Revisar y adecuar los procedimientos y sanción en los casos de acoso laboral, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo.
• Modificar los marcos normativos

  Coordinación intersectorial e interinstitucional
• Fortalecer el rol del Ministerio de la Mujer, en su calidad de organismo rector de las políticas de igualdad de género, y de manera particular en su función de coordinación de la CONAPLUVI.
• Impulsar que los ayuntamientos asuman la función establecida en la Ley 176 para la atención a la  violencia, y que asigna a esta labor un porcentaje de su presupuesto, junto a otras asignaciones del presupuesto participativo

  Promoción de cambios institucionales y legislativos
• Revisar la legislación vigente en  materia penal y promover un marco jurídico que fomente la integralidad en el sistema de atención, para que el país disponga de una ley especial con compromisos interinstitucionales. 

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