CAMBIOS EN EL REPERTORIO DE LA CONFRONTACIÓN SOCIAL Y POLITICA
De la revolución de las vanguardias
a la radicalización política de los
actores sociales y la ciudadanía.
El caso colombiano
Resumen
Desde los años ochenta la confrontación social y política en Latinoamérica ha sido asociada al desarrollo de los movimientos sociales y a la posibilidad de un uso más amplio de instrumentos democráticos. En Colombia se está encarando una nueva temática, referida a los derechos humanos y a la paz, que de manera muy marcada está influyendo en el surgimiento de una nueva subjetividad. Ésta condiciona a los actores políticos, incluyendo a la guerrilla, no sólo en el actuar sino en el alcance de las propuestas.
Desde los años ochenta la confrontación social y política en Latinoamérica ha mostrado cambios temáticos y procedimentales que muchos científicos sociales asociaron de manera privilegiada al desarrollo de los movimientos sociales(1) y a la posibilidad de un uso más amplio de instrumentos democráticos. Lo uno y lo otro son vistos como indicadores de la vitalidad de una sociedad civil que trata de desarrollarse en medio de una modernización inconclusa o parcial, según el enfoque empleado, pero sobre todo, fuertemente excluyente. En este artículo tomamos a Colombia como principal referente empírico para mostrar la búsqueda de nuevos puntos de apoyo en la reflexión científico - social en los últimos diez años. Por otra parte queremos señalar los efectos (en el análisis y en la práctica política) de la vinculación de temas como los derechos humanos, derecho a la vida y paz que de manera muy marcada están influyendo en el surgimiento de una nueva subjetividad.
Al hacer un balance de la situación latinoamericana desde el ángulo de los movimientos sociales Fernando Calderón (1997: 187) planteó:
"Hacia fin de siglo hay dos hechos sociológicos importantes en la vida colectiva de la sociedad latinoamericana: la modernización experimentada fue trunca y excluyente, sin embargo permitió, en las recientes décadas de vivencia democrática, el reconocimiento societal de la diversidad cultural y del derecho a la diferencia"
Yo creo, sin embargo, que esta conceptualización se detiene en los movimientos sociales cuando ya es posible y necesario colocarse "más allá" de ellos. Es decir, es necesario mirar el "antes" y el "después" del uso de ese concepto. Esto no quiere decir que los movimientos hayan agotado en la práctica sus posibilidades, por el contrario, es evidente que algunos apenas están en una fase inicial. Tampoco quiero decir que las identidades colectivas que surgieron o se redefinieron con los movimientos sociales de las últimas décadas hayan concluido su decantación. El veredicto de Fernando Calderón es cierto pero insuficiente. El desarrollo de nuevas identidades y el reconocimiento de la alteridad han sido evidentemente favorecidos tanto por la acción social misma como por los procesos de reflexión. Pero, por otra parte, la acción colectiva y la reflexión - entrelazadas con dinámicas internacionales - han terminado por poner nuevamente sobre el tapete la necesidad de una visión de los "problemas generales" en cada país y estimulado así la construcción de marcos comunes de referencia, de reglas de juego, etc. para el manejo de las contradicciones y conflictos.
Si alguna idea tipifica (aunque no agota) esa demanda a favor de lo "general" ese sería el de ciudadanía. Pero hablar de ciudadanía sólo es nuevo si se lo hace desde el punto de vista de la protesta social y la formación de nuevas identidades colectivas, pues de otra manera es un tema que pertenece al siglo 19 y si acaso al capítulo de la universalización del derecho al voto cerrado formalmante hace ya varias décadas.
Al usar el concepto de protesta social evitamos adentrarnos en el problema si una acción colectiva concreta constituye o no un movimiento social(2). Esto nos alejaría del tema central. Claro que damos por sentado que sí hay movimientos sociales en Colombia pero también que la identidad de cada uno no es estática e incluso puede entrar en periodos de crisis. Podemos hablar de tres movimientos "tradicionales", como son el movimientos obrero, el campesino y el indígena. Junto a estos los movimientos "cívicos"(3) (desde los años sesenta) y luego, especialmente en los años ochenta, los movimientos "regionales" mostraron una incidencia importante. Por otra parte damos por sentado que hay "nuevos" movimientos sociales que se estructuran en torno a temas de genero, diferencia cultural, rechazo a la discriminación, etc. Hay actores sociales con "doble" presencia como sería el caso del movimiento indígena que incluye en los últimos decenios con nuevos argumentos el tema de la identidad cultural, típico de los nuevos movimientos sociales. Queda la dificultad de clasificar movimientos muy importantes que han venido operando en los últimos veinte años en torno al tema de los derechos humanos y en los últimos diez años en torno al tema de la paz (como solución negociada al conflicto armado).
Tomamos entonces la definición de protesta social de Archila Neira (1997) :
"(...) toda acción social colectiva que expresa intencionalmente demandas o presiona soluciones ante el Estado -en sus diversos niveles -, entidades privadas o individuos.
(...) Las protestas sociales son expresiones puntuales de los movimientos (...) y no requieren de permanencia o expresión organizativa manifiesta. Ahora bien, no siempre constituyen movimientos sociales pues en determinadas circunstancias se quedan como meras luchas aisladas. Las protestas sociales son una de las formas como se hacen visibles los movimientos sociales pero no son categorías idénticas. Hay otras maneras de lograr visibilidad como ocurre con las expresiones organizativas o con prácticas no conflictivas de negociación". (Archila Neira, 1997:10)
En una nota de pie de página aclara Archila Neira lo siguiente:
"No sobra señalar que en la teoría la dinámica civilista en la que se inscriben esas protestas las diferencia de las acciones armadas. Las primeras buscan el éxito por la vía de la negociación pacífica y no la imposición de las armas. En la realidad colombiana las cosas son más complejas por la dosis de violencia que atraviesa nuestra historia con sus concreciones de instrumentalización y criminalización de las protestas..."(4)
Esta definición se puede comparar con la que el mismo autor da para movimientos sociales:
"por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas, más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, es decir, que denotan conflicto y que tienden a ser propositivas. Todo ello en contextos históricos determinados. (Cursivas del autor) (Archila Neira 1995: 254).
La diferencia entre protesta y movimiento radica, según estas definiciones, en el caracter más permanente del movimiento y en el componente propositivo que lo distingue. Otros autores, como el colombiano Luis A. Restrepo, van más allá de la permanencia y ponen acento en la organización estable del movimiento. Contra esta caracterización tan exigente se puede, sin embargo, argumentar como Alberto Melucci (1997) cuyo enfoque sobre los movimientos sociales estaría más cerca de lo que aquí se ha definido como protesta y que en otro sentido se podría llamar movilización social o iniciativas ciudadanas:
"Social movements are that part of social life where social relationships have not yet crystallized into social structures, where action is the immediate carrier of the relational texture of society and its meaning. They are therefore, at least for me, not only a specific sociological object, but a lens through which many problems can be addressed"
Particularmente importante es la anotación adicional de Melucci sobre el papel hermenéutico del concepto movimientos sociales, es decir, el papel de "lente" "a través del cual" se pueden "enfocar" problemas y la temática que de ello se deriva:
"Studying social movements has meant for me to question sociological theory and to deal with epistemological issues: What is social action? How do people get together? What does it mean to be an observer? In what since is knowledge critical? (Interview, Thesis Eleven, No. 48, February 1997, p.94,-95)
Este enfoque de Melucci es útil para analizar acciones sociales y políticas, tales como la lucha en el área de los derechos humanos y por la solución política al fenómeno de la violencia, que en Colombia ya cubren varias décadas, es decir, son "estables" sin que por ello decanten en "una" organización (incluso son acciones que "atraviesan" muchas organizaciones y partidos). A pesar de cierta institucionalización (en el sistema jurídico, en el aparato gubernamental, en las ONG y aún en ciertos compromisos de la guerrilla a favor del derecho humanitario internacional) las acciones a favor del respeto a los derechos humanos siguen existiendo porque sus objetivos no han sido alcanzados ya que muchos actores sociales e individuos violan sistemáticamente estos derechos y/o profundizan la violencia como acciones estratégicas susceptibles de legitimación.
Volviendo al balance de Fernando Calderón fijémonos que él señala un "antes", una condición previa, al reconocimiento societal de la alteridad. Se trata - como él anota - de la "vivencia democrática" en las "recientes décadas", es decir, de las "transiciones" de la dictadura a la democracia. Pero no han sido solamente las dictaduras los únicos obstáculos para una democratización pues también hay otro tipo de obstáculo en regímenes excluyentes, seudo o semidemocráticos como el de Colombia. En casos como éste, la democratización no ha avanzado como "transición" sino muchas veces también como "apertura democrática". Ésta no necesariamente se desarrolla con igual intensidad en todas las esferas del sistema político pues incluso en algunas de estas se presentan regresiones.
Aquí se nos plantea el siguiente interrogante: ¿Qué pasa entonces - con el derecho a la diferencia - si falta la convivencia democrática o se presenta un gran déficit en la misma? En Colombia los actores políticos armados (incluyendo en varios periodos al ejército) han alcanzado una gran autonomía y el conflicto armado es determinante. Al lado de la violencia política se multiplican otros tipos de violencia ligados a la delincuencia común y al narcotráfico. Los actores sociales y políticos no-armados aunque hagan presencia en el escenario público quedan - salvo momentos excepcionales - en una situación subordinada, no pueden actuar con autonomía o tienen un espacio de juego muy reducido. El estrecho espacio público está además lleno de riesgos aunque hay, en alguna medida, movimientos sociales, protesta y aún movimientos políticos de oposición.
En condiciones de violencia, como la mencionada, la democratización no radica tanto en el desarrollo de diversas experiencias colectivas que conducen al surgimiento de nuevas identidades. Es por eso que han llegado a ocupar el primer plano las orientaciones que se refieren a problemas básicos como el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la convivencia pacífica. Esta no significa aspirar a la ausencia de conflicto social sino a la superación del conflicto armado, y por eso han ido surgiendo formas de protesta que no se limitan a luchar por derechos particulares sino por el derecho en general como instrumento de regulación social. Sus promotores, cuando hablan de derechos humanos y la solución política del conflicto armado, fijan también como uno de sus principales objetivos el ejercicio pleno de la ciudadanía o el "ejercicio de una real ciudadanía". En este sentido es que afirmamos que el repertorio de contestación ha experimentado una renovación que va a dejar profundas huellas en la cultura política y el sistema mismo.
Al recurrir a la idea de "repertorio de contestación" quedamos en deuda con Charles Tilly (1995) quien la acuñó a mediados de los años setenta para referirse al conjunto de rutinas aprendidas y compartidas que se ponen deliberadamente en práctica en una época y que proviene más de la lucha misma y no de filosofías políticas o de la propaganda(5). Pero -a diferencia de Tilly- nosotros usaremos el concepto de "repertorio de confrontación" referido a un periodo de "violencia y orden" como caracterizan algunos la situación colombiana. Nos referimos a un periodo de violencia generalizada que convive con la vigencia, en mayor o menor grado, de algunos elementos democráticos. Otro aspecto que nos interesa tomar en cuenta es la exclusión mutua de diversas formas de confrontación y organización. La lucha guerrillera y las luchas legales o pacíficas en lugar de coexistir o combinarse, como se postuló públicamente en el programa de algunos sectores de la izquierda, tienden más bien a deslegitimarse mutuamente.
En Colombia también se puede constatar que el repertorio de la protesta ha sufrido una alteración importante: las reivindicaciones orientadas a favor de un cambio social y de un cambio en el poder político tienden a ser sustituidas por temas de carácter defensivo como derechos humanos, refugiados y paz. Sólo de una manera tímida, alterada a veces con excepcionales momentos propositivos, se vinculan estas reivindicaciones a una propuesta de reforma política.
Nos atrevemos a concebir entonces - para el caso colombiano - la idea de repertorio de confrontación como un conjunto de referentes para la acción colectiva que puede ser contradictorio y dar lugar a diversos ritmos en la movilización de diferentes sectores de la población o conducir a la sustitución de los actores sociales por los actores armados. Por otra parte, la respuesta dialogante o represiva desde las posiciones de poder no se centraliza en el Estado ni se enmarca sólo en la legalidad sino que también hay una respuesta paraestatal ilegal.
En Colombia las ciencias sociales en los últimos años han analizado con particular profundidad las tensiones que generan elementos contradictorios de la protesta. Estas tensiones se pueden manifestar como "encuentros y desencuentros" (Neira) entre la oposición política (incluida la guerrilla) y el movimiento social; o entre las ideas y la práctica de la izquierda en general y la guerrilla en particular. Los sectores con poder político o económico tampoco constituyen un bloque homogéneo. El examen de la correlación de fuerzas en el escenario del sistema político para discernir si se fortalece los polos de la protesta o del régimen, exige tomar en cuenta una multiplicidad de actores, de fraccionamientos, de sobreposiciones, etc.
LA HERENCIA DE LOS SESENTA
Un cambio de cardinal importancia en el repertorio de la protesta se presentó en Latinoamérica, a raíz del triunfo de la revolución cubana, que se concretó en el desarrollo de un espíritu voluntarista que no necesitaba de mucho soporte teórico para justificar la revolución.
Dado que la revolución se entendía como posible y necesaria (casi que en ese orden) la teoría pasaba a jugar un papel más bien legitimador y no analítico. El método del foco guerrillero fue sintetizada mejor que nadie por el francés Régis Debray (1961), amigo íntimo en aquel entonces de la dirigencia cubana, en un ensayo con el revelador título de "Revolución en la revolución". En esencia este enfoque prometía un aumento de la eficiencia política si se rompía con lo que hasta entonces era el enfoque predominante en la izquierda. No se necesitaba construir un partido revolucionario sino una pequeña guerrilla incial, no se necesitaba construir una fuerza social y política en el terreno de la confrontación pública sino en el terreno del enfrentamiento militar. Era el punto más llamativo y al mismo tiempo el más débil en la formulación foquista y por eso fue el primero que se criticó.
Más difícil ha sido la crítica a las simplificaciones del análisis de la realidad latinoamericana que estaban subyacentes en esta propuesta.
En algunos países, como Colombia, se desarrollaron diversas formas de la acción política que de alguna manera contemporizaron con el foquismo. El culto a lo "popular" evitaba hacer diferenciaciones mientras que la defensa de lo "gremial" entendido como opuesto a lo "partidario" muchas veces sólo era una cobertura o compensación al clandestinismo político.
El rechazo a la vinculación partidista, a la construcción de movimientos políticos abiertos tenía, en el caso colombiano, su correlato en la elevación de la abstención electoral a la categoría de principio. Lo anterior correspondía a una concepción según la cual por fuera de los aparatos clandestinos sólo era posible hace una agitación maximalista. El análisis teórico del régimen político y del mismo proceso político perdían sentido.
El Partido Comunista colombiano intentó sobreponerse a la presión izquierdista proclamando la combinación de todas las formas de lucha, es decir de las luchas legales e ilegales, pacíficas y armadas. A la larga la represión oficial y, peor aún, la acción criminal paramilitar se ensañaron no sólo contra el trabajo legal y pacífico del PCC sino de todos las demás opciones de izquierda y organizaciones de masas, así no estuvieran vinculadas a la acción guerrillera.
Colombia es un país donde las coordenadas del conflicto armado todavía están impregnadas por el espíritu de la guerra fría y por el repertorio contestatario de los años sesenta aunque ya hay numerosos ejemplos de otras formas de protesta y síntomas de que la confrontación se librará en adelante en otros términos.
Para avanzar hacia una nueva dirección fueron muy importantes los conceptos de sociedad civil y movimientos sociales que - como veremos en seguida - constituyeron un paso adelante en comparación con la función simplificadora que en los años sesenta y setenta jugó la idea de "lo popular"(6).
ALTERNATIVAS AL REVOLUCIONARISMO
L. A. Restrepo (1998a,b) intentando superar las prácticas vanguardistas concibió los movimientos como respuestas a conflictos reales. El conflicto real era por intereses inmediatos no satisfechos. En torno a estos se forman tanto las identidades de los actores colectivos como su organización. Ese universo de identidades ejerce presión sobre los partidos. Lo ideal - según este Autor - es que los partidos sean policlasistas en su composición social. Los partidos policlasistas estaban en condiciones de recibir y procesar influencias de los distintos movimientos y gremios. Los partidos podrían darle una conducción (que puede ser clasista) a todos esos conflictos expresados. Una diferenciación entre "lo social" y lo político sería deseable: Mezclas prematuras, politización forzada de lo social serían inconveniente.
Una concepción antagonista de los conflictos sociales es errada según Restrepo. Es posible que estos conflictos alcancen una solución porque la sociedad necesita del consenso (así sea uno nuevo) para existir. Una clase social alcanza la hegemonía en la sociedad si sus propuestas encuentran eco en otras clases y son aceptadas como base para un nuevo consenso. Pero esto no se alcanza en corto tiempo a través del voluntarismo (o "espíritu revolucionario") ni tampoco por medio del Estado, sino al final de un largo proceso de cambio cultural - que puede durar siglos - en la sociedad. Así alcanzó la burguesía europea su hegemonía (y no en una episódico acto revolucionario como la toma de la Bastilla). Este modelo vale también si se quiere alcanzar una hegemonía de los "sectores subordinados" en la sociedad contemporánea.
Para Restrepo el pueblo no constituye en si ni una unidad ni una entidad democrática y participativa. Ha habido un populismo revolucionario de signo religioso que equivocadamente ha visto así las cosas. El pueblo (compuesto por los "sectores subordinados") está fraccionado y marcado por rasgos autoritarios.
El fraccionamieto de los "sectores subordinados" se debe entre otras cosas a sus condiciones reales de vida. Habría que distinguir un sector rural poco integrado al capitalismo, un segundo sector integrado a través de las relaciones salariales y en tercer lugar al "sector informal" de los expulsados del campo que no encuentran una integración completa en el sistema. En cada uno de estos sectores el autoritarismo toma formas específicas. Especialmente pesimista es Restrepo frente al sector informal pues este es muy atomizado, la gente sobrevive como si estuvieran en una jungla económica, social y política. Este sector es el mejor ejemplo del concepto liberal de individualismo(7). Aquí por las necesidades de supervivencia la gente se vende al mejor postor. Pero los movimientos sociales pueden darle al integrante del sector informal una identidad y una representación. De los sectores asalariados del sector moderno se puede decir que tienen una mayor independencia pero en sus organizaciones sindicales por lo general están sometidos a relaciones antidemocráticas.
Los movimientos sociales son entonces el terreno en el cual se forja una sociedad civil participativa y democrática que no se encuentra previamente en el seno de las clases populares. Sobre la base de una sociedad civil autoritaria no se puede construir un Estado democrático. La construcción de la democracia en Latinoamérica - anota Restrepo - no es entonces sólo una tarea política y no es sólo una transformación de los partidos y del Estado sino ante todo un cambio de las relaciones de poder que actualmente existen en el seno de la sociead civil.
Los llamados nuevos movimientos sociales (feminismo, ecologismo, etc.) son calificados por Restrepo como movimientos "culturales" y a ellos les atribuye la posibilidad de un mayor aporte a este cambio (Restrepo 1990:66).
En su análisis sobre los movimientos sociales Restrepo ha intentado desarrollar al mismo tiempo una crítica radical a lo que el considera "versiones ortodoxas" del marxismo. Pero para Restrepo la historia concreta o el futuro de la izquierda no son parte de sus inquietudes y por eso tampoco propone otro tipo de alternativa política, salvo la referencia a que partidos policlasistas (por su composición) pueden ser los más receptivos a las demandas de los movimientos sociales y que la fortaleza y autonomía de estos (es decir, su consolidación organizativa) incide en la calidad de los partidos (Restrepo 1988:76).
La autonomía de los movimientos sociales que está subyacente en las tesis de Restrepo quedaría de alguna manera relativizada en el enfoque de Francisco Leal Buitrago (1991) para quien los movimientos sociales y políticos no se pueden explicar en si mismos sino en base a las relaciones concretas que existan entre Estado y sociedad civil. La base material de un cambio positivo en la sociedad estaría dada en el mismo proceso de modernización que posibilita una mayor movilidad social pero ésta, a su vez, coloca al estancado sistema político bajo presión. Una apertura del sistema político a favor de las nuevas fuerzas surgidas en el proceso de la modernización revertiría en mejores relaciones entre el Estado y la sociedad. En esta perspectiva se entiende por qué Leal Buitrago no habla exclusivamente de movimientos sociales sino de "movimientos sociales y políticos". La creación de movimientos políticos como alternativa al bipartidismo tradicional colombiano es también parte muy importe de la presión que ejercen las nuevas fuerzas sociales.
En este enfoque las características y funcionamiento del Estado no pueden ser indiferentes para los movimientos sociales. Así la dimensión política y el Estado mismo no intervienen al final de una formación de identidades colectivas sino desde el primer momento. Por otra parte, Leal Buitrago alertó sobre la inconveniencia de divinizar la sociedad civil en la cual según su opinión también tienen participación no solo la guerrilla sino también los grupos de narcotraficantes.
Orlando Fals Borda, apoyándose en la idea de Foucalt sobre la ubicuidad del poder, ve la posiblidad de que los movimientos sociales construyan en diferentes puntos de la sociedad un contra-poder. En realidad no existe sólo el poder centrado en el Estado. Hay muchos recursos de poder que los sectores marginalizados y periféricos pueden utilizar. La dimensión "micro" en el sentido de lo local e inmediato juega un papel preponderante. Pero para Fals Borda el compromiso con lo micro debe acompañarse con el reconocimiento de las dimensiones generales del escenario (el estado-nación), con el uso de de los instrumentos políticos (el procedimiento democrático liberal) y con una orientación utópica (el proyecto de una sociedad mejor). Como veremos más adelante, Fals Borda (1988) saca a flote también una crítica a las prácticas más comunes de la izquierda y particularmente a la acción guerrillera pero -en principio- no excluye ni el papel de los intelectuales en los movimientos ni tampoco la alianza con la izquierda y en esto se diferencia de Restrepo (Ver Fals Borda 1993).
Ya desde los años setenta el sociólogo Fals Borda había impulsado la metodología de la Investigación-Acción-Participativa que se puede describir como el adecuado método de aprendizaje mutuo entre intelectuales y pequeños grupos de base.
Lo "micro" reflejaba también cierta desconfianza por la política. Fals Borda describe esta situación (que él considera sólo justificable en la primera fase) de los movimientos sociales y populares así:
"Dos de los aspectos prácticos de los movimientos sociales y populares que más curiosiodad - y expectativa - han suscitado entre los estudiosos son: 1) su permanencia en el tiempo; y 2) su expansión en el espacio territorial o sociogeográfico. Ambos aspectos son de importancia porque constituyen índices de debilidad o fuerza de los movimientos, porque inciden en el componente político, y porque crean "cultura política". Esto es muy significativo, por cuanto la política ha sido una actividad para la cual los movimientos nunca se sintieron listos, especialmente durante los primeros años. Por el contrario, siempre hubo en ellos, o en su personal dirigente y orientador, una gran desconfianza por todo lo que oliera a la politiquería tradicional, desconfianza por lo demás justificada.
Ha habido suficientes explicaciones de esa primera reacción negativa, por lo menos en América Latina. En efecto, recordemos que los movimientos surgieron casi espontáneamente desde las bases y periferias sociales, en sitios específicos y por necesidades concretas. Sus dirigentes eran personas preocupadas por el estancamiento económico y el militarismo, frustradas por la verticalidad y el sectarismo de grupos vanguardistas revolucionarios; éramos académicos y maestros que desertábamos de colegios y universidades incapaces de responder a los desafíos de los tiempo; eran visionarios críticos de la religiosidad que querían construir una Nueva Jerusalén. Habitábamos entonces en el reino de lo micro y lo cotidiano, el de los cortos pasos cuidadosos en cuyo contexto coyuntural se realizaban, como se hace todavía, tanto los actos de protesta y rebeldía como las búsquedas de identidad cultural, ecorregional, social, étnica, de género, artística, etc., como medios naturales de autodefensa. Casi todas esas actividades quedaban aparte de estructuras partidista u organismos establecidos." (Fals Borda, 1989:50)
Por otra parte, Fals Borda había visto en los movimientos sociales y populares no solo otro poder sino incluso el germen de otro concepto de Estado. En la base, los grupos de ayuda mutua y el surgimiento de diversos vínculos solidarios hacían pensar en un cierto "neoanarquismo"(8).
El paso de lo micro a la escala nacional se esperaba lograr por coordinaciones de movimientos locales pero también por intervención en actividades políticas. Es lo que Fals Borda llamó el paso de "lo micro a lo macro y viceversa". Él ha intentado explicar el movimiento de 1989 para la convocatoria a una Asamblea Constituyente (que efectivamente se realizó en 1990) como una forma de esta expansión de lo micro a lo macro pero es claro que aquí intervinieron entidades que como la guerrilla del M19 y algunas ONG y los mismos grupos de estudiantes que se movían con parámetros nacionales y no locales.
En el planteamiento de Fals Borda "lo político" y casi que se puede decir que "la política" encuentran una solución desde lo social. El grado de autonomía que pueda alcanzar lo político no queda suficientemente contestado.
Pedro Santana ha enfocado la relación entre movimientos sociales y partidos de izquierda sobre todo para señalar que el fortalecimiento de un polo político alternativo sería una necesidad para el movimiento social. Incluso en 1988 en un momento de optimismo animado por la unificación de la mayoría del sindicalismo colombiano en torno a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Santana apuntó, no obstante, hacia las limitaciones que encuentran los movimientos sociales si no hay mediaciones políticas de tipo partidario:
"(...) es innegable que estos movimientos están llamando a unas nuevas formas de relación no solo con el Estado sino con los partidos. Por lo mismo no considero que una reestructuración de los partidos o la generación de nuevos movimientos políticos, vaya a agotar o a cooptar a estos movimiento. Ellos han venido reclamando la autonomía con relación al Estado y han llamado la atención sobre la práctica del pluralismo de la cual depende su propia unidad y su trascendencia. No obstante creo que los movimientos sociales requieren de mediaciones políticas (movimientos, partidos) que puedan efectivamente representar intereses generales de cambio y transformación social. Estas mediaciones políticas son importantes en el logro de las reivindicaciones más generales que plantean los movimientos sociales. Precisamente, uno de los más graves problemas de los movimientos populares en Colombia ha consistido en la ausencia de alternativas políticas de masas. (Santana 1988:64)
La réplica que dio Restrepo a esta posición se apoya en los puntos que ya presentamos de su posición pero añade algunos planteamientos sobre la cuestión partidaria que arrojan una mejor luz sobre su pensamiento:
"Sólo los Movimientos Sociales pueden promover la identificación de los intereses de los distintos grupos y sectores de clase, aglutinar la clase sin otro criterio distinto a sus intereses, y servirles de canal de representación pública de los mismos. Son ellos los gestores primordiales del consenso de una eventual nueva hegemonía de clase.
La función del Partido político es otra. Arraiga en la sociedad civil y en sus múltiples intereses contrapuestos, pero se escapa hacia la esfera política: apunta hacia el Estado y hacia un proyecto político aceptable por las mayorías. El partido no puede ser el producto de la simple suma o asociación de intereses de los distintos sectores de las clases subalternas. Si se trata de un verdadero Partido político, debe conjugar en su proyecto estatal los intereses de los distintos sectores de clases subordinadas con las de otras clases auxiliares, e incluso con ciertos intereses de las clases dominantes. De lo contrario no es un Partido político, sino una organización contestataria o un aparato conspirativo de las clases subalternas. Un híbrido entre Movimiento Social y Partido político que finalmente no es ni lo uno ni lo otro. (...)
(...) Si quieren tener fuerza y representatividad, los Partidos políticos no deben ser clasistas en su composición social, sino en su dirección ideológica y programática. Pero la fuente principal de esta orientación no son los Partidos mismos, sino la presión de los distintos Movimientos Sociales como organismos de clase (...) Clases subalternas sin Movimientos Sociales fuertes e independientes dan por resultado Partidos clientelistas, con déficit de representatividad, no democráticos.
(...) no desconozco en forma alguna la necesidad de gestar nuevos Partidos o renovar profundamente los que existen de manera que puedan representar los intereses de las mayorías. Pero sí quiero insistir en que la clave de la cirsis de representatividad no está en los Partidos mismos sino en la ausencia de Movimientos Sociales fuertes de las clases subalternas. (...) no invoco la espontaneidad de las clases subalternas y su instinto de clase como alternativa a la dirección política. En este sentido rechazo todo culto al populismo romántico. Las clases subalternas necesitan el concurso de agentes externos que hayan tenido mejores oportunidades educativas. Pero ... las élites [deben] tener una forma de relación distinta, "mayéutica" y no simplemente directiva, para encontrar en el diálogo y la interacción con los Movimientos Sociales su propia identidad, sus intereses y su proyecto colectivo..." (Restrepo 1988b:75-76, mayúsculas en el original).
EL FACTOR VIOLENCIA: SUSTITUCION DE CONFLICTOS
Los estudios de la violencia actual y de los movimientos sociales y políticos marcharon por un tiempo sin cruzarse. En los enfoques sobre los movimientos sociales, tal como se puede reconocer en la corta reseña antes presentada, la violencia existe "al lado" de los movimientos y puede ser un factor de perturbación pero no es determinante. Sin embargo desde mediados de los años ochenta el tratamiento interrelacionado de estos temas ha ido ganando mucho terreno, como se refleja entre otros en Sánchez y Peñaranda (1986), Reyes y Bejarano (1988), Gros (1992), Zamosc (1992), Meertens (1997).
Mauricio Archila Neira (1996) ha estudiado la relación entre la izquierda (incluída la guerilla) y los movimientos sociales para el periodo del Frente Nacional (1958-1974) en el cual el paradigma de la revolución, como ya vimos, fue de gran importancia mientras que la represión contra la protesta social y la exclusión política fueron parte de la "normalidad" del establecimiento oligárquico. Archila Neira califica la experiencia de las relaciones entre la izquierda y los movimientos sociales de una historia de "encuentros y desencruentos".
Para el periodo siguiente, es decir, los años ochenta y noventa, Archila Neira (1996, 1997) constata la influencia de diversos fenómenos como la "fragmentación", la mezcla de crisis y continuidad, la aparición de nuevos planteamientos. Estos responderían a la inevitable crisis de las viejas identidades pero también al surgimiento de otras nuevas (incluso dentro de los mismos actores). Los nuevos planteamientos reflejan en primer lugar el creciente peso de la violencia y por lo tanto de los temas de la paz y los derechos humanos.
El mismo autor (Archila Neira, 1995: 263) se refiere también a los problemas que surgieron de la "autoexclusión" de la izquierda del sistema político que se sumó a la exclusión desde "arriba". Esto se tradujo en una desvalorización de la democracia, de los propios programas políticos y de la teoría, pues en la actividad práctica de la izquierda pasó a ser dominante la mentalidad radical voluntarista. Se crearon entonces grandes dificultades para unas relaciones fluidas con los movimientos sociales. Y esto sucedió a pesar de ser la izquierda misma la fuerza que más ha luchado por impulsarlos.
Cuando la guerrilla intenta presentar una apoyo abierto a luchas sociales concretas surge el riesgo de que estas sean calificadas desde el poder como instrumentos de la lucha armada(9).
Los altos costos que tiene que pagar la organización sindical frente a la macartización indicada por Archila Neira, valen también para otro tipo de organizaciones sociales, por ejemplo las dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Por otra parte, en el área rural a partir de cierto grado de desarrollo del conflicto armado la posibilidad de organizaciones legales simplemente desaparece. Donny Meertens (1997) ve concretarse este fenómeno por una parte como un "reemplazo" operado en el espacio geográfico y político que, hasta finales de los setenta, ocupara la organización campesina ANUC por la guerrilla, así como en los efectos violentos de la "narcotización" de la gran propiedad (aparición del narcotraficante convertido en latifundista).
Hacia 1995 Archila Neira constató que aunque se hablaba de una "dramática crisis" de las expresiones organizativas de la movilización social, la protesta seguía siendo impulsada por diversos actores(10). Esta paradoja respondería a divisiones y debilidades internas de las organizaciones y a causas externas tales como "efectos coyunturales negativos" de las políticas estatales y los diversos tipos de violencia que ponen en peligro la misma sobrevivencia de los actores sociales. Habría también causas de un carácter más estructural como la "debilidad del Estado nacional y la falta de una sociedad civil fuerte" (Id, 1995: 252).
Sin embargo para Archila Neira la paradoja aludida sólo es tal si se aceptan los análisis que antes había hecho el "polo optimista" de los investigadores. Él cree que Pedro Santana, Luis Alberto Restrepo y Orlando Fals Borda en los años ochenta calificaron apresuradamente de movimientos sociales a ciertas luchas aisladas. Estos analistas "cambiaron el proletariado o los sectores populares por los 'nuevos' movimientos sociales" (idem). De esta manera se habría vuelto a reproducir el paradigma de la revolución social conducida por un sector social asi fuera "nuevo". Archilla Neira agrega que el énfasis que esos analistas habían puesto en lo organizativo y en la necesidad de una expresión unitaria de distintos sectores constituía una homogenización que desconocía particularidades de la movilización de cada sector(11).
Archila Neira constata, en cambio, una tensión entre "dinámicas de fragmentación de los actores sociales, con luchas particulares y específicas, y, simultáneamente, tendencias a la integración de esas múltiples luchas y actores para que la defensa de unos intereses no se haga a costa de otros". (Cursivas en el original). (...) "Las mismas fuerzas que conducen a la atomización de los sujetos impulsan la búsqueda del sentido común entre ellos".
En un primer momento parece que se dejara sin contestar cuáles son esas "fuerzas" y cómo se manifiestan las tendencias a la integración pues ante todo Archila Neira reitera que a pesar de la crisis de los proyectos organizativos unitarios hay una "persistencia, tal vez fragmentada, de la movilización social" que no es lo mismo que su integración. La respuesta gira en torno al elemento "propositivo" y a la "dimensión histórica" de los movimientos.
"El elemento propositivo junto con las formas de sociabilidad voluntaria son decisivos para diferenciar los movimientos sociales de las simples respuestas atávicas o comunales de resistencia a la modernidad capitalista. Los movimientos sociales se plantean objetivos a veces en el plano inmediato de los recursos escasos, a veces en el de la orientación global de la sociedad, y tienden a actuar en concordancia con ellos. Esto no quiere decir que por definición sean progresistas y menos aún que necesariamente se enmarquen en una política de izquierda o de búsqueda de alternativas sociales al sistema vigente. Digámoslo de una vez por todas: los movimientos sociales no son per se revolucionarios, pero tampoco regresivos. Estos viejos dilemas confunden más de lo que aclaran el análisis de la complejidad en la que está inscrita la acción social colectiva. De hecho, en la búsqueda de soluciones, nuestros movimientos sociales mezclan aspectos de resistencia, adaptación y transformación"(12).
(...) La dimensión histórica atraviesa la constitución de los movimientos sociales (...) Las coyunturas históricas marcan no sólo las modalidades de acción colectiva y sus diversas permanencias, sino en especial las formas de conflicto y las dinámicas de solución de éste. (Archila Neira 1995: 256)
Es pertinente anotar que en el mismo postulado de Chantal Mouffe sobre el caracter plural contradictorio del sujeto se podría encontrar una explicación a los factores de "integración" ya que el sujeto no sólo puede reaccionar y proponer en el marco de sus intereses inmediatos pues dado que habita una variedad de comunidades y participa de una variedad de discursos, puede tener ideas de tipo político y propuestas con pretensión de validez general(13). En esto pueden incidir las utopías y visiones sobre el futuro pero también la solidaridad y la ética. Precisamente en este artículo señalamos cómo algunas ideas -tales como derechos humanos, paz, ciudadanía real han pasado a jugar en Colombia un papel "integrador" u orientador de la acción social y política.
En todo caso, en consideración de esa dinámica contradictoria entre fragmentación e integración, se hace necesario -anota Archila Neira- "sopesar con cuidado las debilidades y fortalezas de los actores sociales en el país, registrando las formas diversas de hacerse visibles". (id, 253).
EL SUJETO INESTABLE COMO ACTOR
Para el mexicano C.M.Vilas (1994) el concepto de sociedad civil es muy débil si no está acompañado de la idea de clases sociales. Esta es necesaria para encontrar un sentido en esa combinación de identidades que surgen (o se supone que surgen) en torno a los movimientos sociales. Rechazar toda predeterminación en el seno de la sociedad civil es para Vilas tan errado como la fijación en un reduccionismo económico para determinar las clases sociales.
Sin un concepto de clase - podríamos deducir de esta argumentación - toda formulación normativa es débil. Pero si la clase social es de importancia cardinal, ese estatus no lo alcanza por tener un fundamento ontológico. Vilas -procediendo como lo hace Melucci frente al concepto de movimiento social al cual califica de "lente" - señala que el concepto de clase es ante todo una construcción intelectual con una función hermenéutica.
En la argumentación de Vilas la acción social contestataria descansa en el campo del sujeto popular (que puede ser afectado por una crisis de identidad) y no tanto en una garantía ontológica que podría ser, digamos, la "clase en si". Vilas señala, sin embargo, que esa crisis de identidad que puede interferir en la acción no se presenta en la gran burguesía. Pero aunque el concepto de clase sea una construcción intelectual, el empleo del mismo - como orientación de la acción colectiva - tiene consecuencias normativas y políticas y puede alterar la realidad social. Es como si la falta de "garantía ontológica" del concepto de clase fuera compensada por los resultados del cambio social provocado, por ejemplo, a través de la acción política de sectores populares en la búsqueda de alternativas democráticas y participativas.
La posición de Vilas sobre la dimensión hermenéutica de la clase social se refleja de alguna manera respecto al concepto de "sociedad civil". Vilas critica varias concepciones de la misma, pero adopta la posición de conferir un significado especial a la intención de la gente que se define a si misma como integrante sociedad civil.
Vilas quiere reintroducir conceptos marxistas renovados en la discusión sobre la sociedad civil y los movimientos sociales(14).
LA DIMENSION INDIVIDUAL
El actor colectivo mantuvo su pusto privilegiado a pesar del reconocimiento de la existencia movimientos originados en reivindicaciones - como las relativas al género - que afectaban directamente a la persona como individuo. La relación entre lo individual y lo colectivo no se tematizó por algún tiempo y en general el individuo como destinatario de un mensaje seguía siendo algo propio del medio burgués pero no del contestatario. Mientras que en otras comunidades académicas la discusión acerca de la ciudadanía había cobrado una gran importancia teórica a partir de la obra de T.H. Marshall Citizenship and Social Class de 1949 hasta llegar a la tematización hecha por el Comunitarismo y los enfoques de la multiculturalidad, en Latinoamérica fue más bien la experiencia misma de los movimientos sociales (con sus retrocesos e insuficiencias) la que puso sobre el tapete este tema.
El peruano Martín Tanaka en su propuesta a favor de un "individualismo metodológico débil" para explicar la acción social (que él no quiere ver reducida a la maximización individual de ganancia), considera que es imprescindible suponer la racionalidad del sujeto popular incluso para explicarse casos como el del abandono de la autonomía de los movimientos sociales o la desintegración de los mismos a favor de propuestas populistas como la del presidente Fujimori. Sólo si se da por supuesta la racionalidad del sujeto popular es posible plantear una racionalidad de la democracia.
Pero democracia y participación no son productos naturales, enfatiza Tanaka. Por ello las élites políticas deben y pueden elevar la "rentabilidad" de la participación democrática, es decir, hacerla más atractiva. En esta forma de argumentación Tanaka abandona el campo "seguro" de las "condiciones objetivas" y traslada el énfasis hacia el campo del sujeto tanto por la asunción imprescindible de la racionalidad del sujeto popular como por las consecuencias vinculantes de orden ético que de ello se derivan, en concreto para las elites políticas.
Tanaka ha enfatizado la necesidad de tomar en serio la dimensión individual del actor social. La experiencia peruana ya aludida le permitió señalar que la acción colectiva es reversible y que ningún actor tiene una sola identidad sino varias que pueden destacarse según circunstancias y según conveniencias del sujeto. Sobre la base de investigaciones concretas ha mostrado que un sujeto puede actuar en colectivo hasta un cierto punto y luego como actor individual. Por ejemplo, la fundación, legalización y lucha por la dotación de una infraestructura sanitaria mínima de un barrio popular a partir de una invasión exige un comportamiento colectivo, pero luego el desenvolvimiento de la misma persona en la búsqueda de sus subsistencia exige un comportamiento individual. Este tipo de comportamiento es característico del sector informal. En la acción política dirigida a la "opinión pública" se alude al individuo directamente sin suponer que él pertenece a grupos específicos o que actúa en consonancia con ellos.
En el caso colombiano, las expectativas empeñadas en el desarrollo de los movimientos sociales en enfoques como los de Restrepo y Fals Borda se vieron afectadas por el retroceso sufrido por esos movimientos lo cual obedecía a muchas causas. Una de particular importancia fue un brutal agravamiento de la violencia desde comienzos de los años ochenta en contra de militantes de izquierda y dirigentes sociales. A lo anterior se sumaba la violencia derivada del narcotráfico y la inseguridad callejera. El sentido de la consigna "por el derecho a la vida" pudo ser comprendido por cualquier persona. Pero también en los años ochenta, el movimiento guerrillero - especialmente el M19- hizo señales a favor de una solución negociada.
En medio de estas circunstancias surgió en 1989 una iniciativa ciudadana (en la cual fue muy importante un núcleo de estudiantes de clase media) para impulsar una consulta popular a favor de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que, reunida efectivamente en diciembre de 1990, expidió una nueva constitución (1991). La intención era contar con una nueva Carta que facilitara una participación política más amplia y permitiera alcanzar una solución política al conflicto armado interno.
Este llamamiento tuvo un éxito muy grandes y generó un amplio movimiento que puede ser calificado de "iniciativa ciudadana" (equivalente a lo que en alemán llaman "bürgerliche Initiative") que atrajo a ONG y sectores de los partidos de todo el espectro político. Pero puede constituir un "movimiento social" por lo menos en la acepción de Melucci ya antes presentada.
Algunos grupos guerrilleros como el M-19, la guerrilla indígena "Quintín Lame" y el EPL ligaron su desmovilización al desarrollo de esta Asamblea Constituyente en la cual una alianza de fuerzas independiente de los partidos tradicionales y liderada por el M19 alcanzo una tercera parte de los delegados elegidos por votación directa. La participación en la elección de delegados a la Asamblea Constituyente fue sin embargo baja (24%) reflejando la alta abstención en todo tipo de elecciones típica del periodo anterior. (Esta participación luego ha subido, en las elecciones presidenciales de 1998, por ejemplo, estuvo cerca del 60% lo que se debió en parte a las posibilidades de un triunfo de la oposición como realmente sucedió). Pero el impacto de esta apelación a la ciudadanía fue más grande que lo que pudiera reflejar esa baja respuesta electoral de 1991.
Los efectos en el orden legal y el sistema político también han sido de consideración. Hubo avances en temas como el reconocimiento del carácter multicultural de la nación colombiana con un primer resultado visible en la autonomía y representación política de los indígenas, aumentaron las posibilidades de intervención y participación ciudadana en la administración y el sistema político y el régimen fue dotado de nuevas formas de control institucional (control horizontal según O'Donell).
Desde entonces lo que se había presentado como un punto de vista teórico en formulaciones como "crear una verdadera ciudadanía", "ciudadanía real", etc. pasó a ser un elemento de creciente influencia en la práctica social y política.
Un gran punto débil que muestra los compromisos que se aceptaron en la constituyente sin medir las graves consecuencias que se vendrían encima tiene que ver con el fuero militar en materia judicial. Quedó así una puerta abierta para la violación de derechos humanos que condujo posteriormente a la proliferación de un aberrante paramilitarismo de derecha. En un acto cargado de simbolismo, el día de la clausura de la Constituyente y por lo tanto de la aprobación formal de la nueva constitución, el gobierno lanzó un ataque a la sede del Secretariado de las FARC con lo cual se puso un largo punto aparte a las negociaciones con este grupo. Todo esto facilitó una nueva legitimación a la las acciones guerrilleras. Por otra parte, el hecho de que el gobierno de Gaviria, que apoyó la convocatoria de la Constituyente y la expedición de la nueva Constitución, haya lanzado el programa neoliberal más radical, tiende a que se hagan asociaciones según las cuales la nueva Constitución sería "parte" de una estrategia económica neoliberal.
Sobre la cuestión del conflicto armado han surgido nuevas iniciativas, incluyendo los diálogos de la sociedad civil con la guerrilla, que de una u otra forma retoman la experiencia de la movilización de fines de los 80 por la paz y una nueva constitución. No se debe desconocer el tono cada vez más conciliador con el que los candidatos de los partidos y movimientos mayoritarios se refieren al tema de la negociación política del conflicto armado.
Casi todas las iniciativas que se están planteando en torno a la paz en Colombia toman la forma de llamamiento ciudadano, incluso independiente de que estén figurando organizaciones gremiales de diversos sectores sociales. El redescubrimiento de la dimensión ciudadana fue además percibido como algo eficaz. Para los sectores políticos tradicionales "dirigirse a los ciudadanos" era algo cotidiano y rutinario, pero no lo era así en las franjas de izquierda. Aquí siempre se pensaba que la clave para una intervención política de los sectores oprimidos pasaba por el desarrollo de la conciencia de clase (o conciencia de pertenencia al "pueblo oprimido") y la correspondiente acción colectiva.
Tal vez no sea una simple casualidad que este redescubrimiento del ciudadano y la ciudadana se haya dado en relación a temas que llevan directamente a pensar en los derechos constitucionales y liberales. Tal como lo recuerdan Kymlika y Norman, para el área anglosajona, el tema de la ciudadanía no sólo ha generado una explosión de enfoques, después de que en los setenta se daba por desaparecido, sino que "la reconciliación de la izquierda con los derechos liberales es uno de los principales fenómenos teóricos de nuestros tiempos" (Kymilka y Norman, 1996: 5 y 13).
El redescubrimiento de la ciudadanía no podía menos que impulsar una reformulación positiva de "lo político" (por ejemplo en Archila Neira 1997) que venía a complementar la distinción entre acción política en el sentido partidista y acción social como típica de las organizaciones gremiales y movimientos sociales. Esta distinción, que viene desde los orígenes de la ciencia política, había sido analizada en el contexto latinoamericano por Alain Touraine (1988). Algunos investigadores como Restrepo habían aportado un análisis que conducía a cierto desprecio por la política a favor de la acción social de los movimientos(15). Pero el movimiento de 1990 para la convocatoria de una Constituyente había demostrado en Colombia que las consignas políticas podían tener una acogida amplia.
LA FUNDAMENTACION HOLISTICA FRENTE A LO MICRO Y LA ALTERIDAD
Como los movimientos sociales abrieron el camino a una dinámica del "debe ser", para los científicos sociales se hizo más interesante analizar la relación entre aspectos puntuales y generales de las reivindicaciones. Así como hay fundamentaciones apoyadas una base micro también hay fundamentaciones holísticas elaboradas bien sea sobre una base nacional o global, pero también a partir de principios o categorías "generales". El desplazameinto que se puede observar es que después de una facinación por lo micro - y lo cotidiano como correlato - se está haciendo una reconstrucción de interpretaciones holísticas con claros propósitos de orientar la conducta social.
A favor de los micro se había presentado, en el caso colombiano, tanto la experiencia de movimientos de carácter reivindicativo o político, como también experiencias de organizaciones a nivel de barrios populares, comunidades campesinas e indígenas y por último de las ONG, la mayoría de las cuales son pequeñas(16).
Ya veíamos que la idea de la ubicuidad del poder de Foucalt daba respaldo a la propuesta de Fals Borda de construir poderes paralelos lo cual se facilitaba si se dejaba de pensar que el Estado era el centro del poder. Pero recordaba que no había que quedarse en lo local. Por otra parte para Fals Borda lo micro, en términos regionales, no es una unidad arbitrariamente pequeña sino que se explica por el concepto de "formación social" concreta. (Fals Borda, 1979:16B, ss).
DESAFIO DE LA ALTERIDAD
Tomar lo micro como base de una fundamentación que se mueve en dirección a lo macro guarda cierta correspondencia con el intento abarcar la heterogeneidad y la alteridad (Gamboa 1997b). Si bien el "otro" era ya importante en ciertos estudios como en la argumentación ética de Dussel, en Colombia se presentaba la oportunidad y la urgencia de tratar en concreto el problema del "otro" en la discusión de los derechos y la autonomía indígenas pero también en relación con el conflicto armado.
La incorporación de campos especiales - como la comunidad indígena - en la fundamentación de normatividad no ha conducido sin embargo al desarrollo de un comunitarismo autoreferencial. En el caso concreto de los dirigentes indígenas es notorio cómo muchos de ellos han aceptado como tarea propia buscar un modelo de sociedad nacional que les garantice la autonomía pero que al mismo tiempo sea conveniente para todos los colombianos. Esa fue la tónica de los delegados indígenas en la Asamblea Constituyente pero también de los que posteriormente han salido elegidos a la Cámara de Representantes o el Senado.
En otra parte habíamos anotado que en Colombia el enfrentamiento armado entre actores fraccionados (es decir, una violencia que no es de dos bandos únicamente) obligó a pensar otra vez en términos nacionales (y no solamente en lo micro) incluyendo por lo general tres dimensiones: lo estatal, la violencia y lo social (Gamboa 1997a).
Lo político gana terreno en la medida en que se reconoce la necesidad de una instancia intermediaria común para todos los colombianos. El impacto de un fenómeno de confrontación violenta sobre el manejo conceptual lo encontramos ejemplificado nada menos que por boca Lyotard en una entrevista concedida en Bogotá.
Pregunta ( de Edgar Garavito): Nos parece que Colombia es un país poblado por diferendos y también por discursos muy diferentes unos de otros. Tenemos, por ejemplo, el discurso del Estado, el discurso de los indígenas, el discurso de la guerrilla, el discurso de las bandas de los ricos traficantes de droga. En Colombia se trata de dialogar entre diferentes discursos. Pero se encuentra siempre el problema de la "traducción", y así, la confrontación ha continuado. La respuesta al diálogo es casi siempre el asesinato. Para Jean François Lyotard, ¿cada uno de estos discursos debería alcanzar su propia legitimidad, o más bien, habría que buscar una legitimidad única y universal?
Lyotard: (...) Usted utiliza, recurre aquí indirecta o directamente a un problema que, por mi parte he llamado diferendo. Pero no estoy seguro de que se trate de un problema de diferendo. Cuando usted dice que no se pueden "traducir" unos a otros el discurso de los indígenas o el discurso de la narcodroga o el del narcotráfico o el de la guerrilla, por "traducir" usted emplea una metáfora. (...) cuando usted dice que la traducción no es posible y que el conflicto se zanja en el asesinato, usted habla de un conflicto entre poderes más bien que entre discursos, y ahí los discursos son notables porque son discursos de poder y uno sabe que lo son, ante todo, porque compiten entre si. Ahora bien, un poder es siempre un poder contra otro poder, si no hubiera otro poder no habría lugar para tener poder, es en este sentido que Dios, por ejemplo, no tiene poder porque no hay otro Dios y no tiene necesidad de ejercer su poder; la omnipotencia es todo lo contrario al poder. Por lo tanto, entonces, son discursos de poder que están en conflicto y no conocen los medios de litigio. No estamos aquí en un punto de diferendo sino es un problema de conflicto donde cada discurso oye lo que dice el otro. Se oyen no en el acuerdo sino en el desacuerdo, pero en el desacuerdo se oyen. Se ve muy bien cuál es el punto que al frente impide la paz, digamos, la paz, simplemente.
Me parece entonces que el problema que usted plantea es un problema de rehusar llevarlos conflictos ante un tribunal, en el sentido amplio del término, sea una conferencia nacional o cualquier otra cosa; hay ahí mil cosas posibles de imaginar. Pero es evidente que en este caso no hay un tribunal. Y es así quizás lo que hace pensar en un diferendo porque un diferendo es, en efecto, un conflicto que no tiene un tribunal capaz de resolverlo. Hay aquí un rechazo de un tribunal aceptado por todas las partes en juego. Sin embargo, en sentido propio no es un diferendo porque se trata de discursos de poder y un discurso de poder reconoce siempre otro discurso de poder.
(...) Pero cuando usted pregunta si cada discurso alcanza su propia legitimidad o si hay a que buscar una legitimación universal, le diré que en una situación como la que describe y que acabo de retomar en mis términos, exactos o no, lo que es muy sorprendente es que la legitimidad se obtiene por la muerte. Y eso es suficiente. La legitimidad del poder está en que puede dar muerte o que puede exigir que uno muera por él, es una tradición en el poder, de cualquier naturaleza que sea, no solamente político y armado, incluso económico. El acto de dar muerte sigue siendo el signo mismo del poder... vale siempre como una sacralización. En fin las víctimas sacrificadas a un poder legitiman el poder.
Evidentemente, no pienso que esta sea una buena dirección. Mi doctrina en este punto es completamente moderada y es más bien la de que hay que tratar de evitar estas muerte monstruosas, que pueden ser monstruosas. Lo son en la escala de Colombia. Durante la última guerra mundial las muertes fueron también enormes sacrificios para nada, totalmente para nada.
Creo que habría que llegar, en efecto, no a una legitimación única y universal sino a una pregunta única y universal: ¿cuál es la legitimidad de los poderes? ¿sobre qué fundamento se apoyan los poderes? Este es un problema que hace parte de la crisis contemporánea comprendiendo allí los países más ricos. ¿Cuál es la legitimidad del poder? Cuando se decía en otro tiempo "democracia" ello quería decir que la soberanía pertenecía al "demos" y que el pueblo tenía confianza en si mismo. Hoy tiene menos confianza porque sabe muy bien todo lo que un pueblo puede hacer, puede hacer lo peor bajo el nombre de democracia." (Lyotard, 1994: 88-89).
En otra parte de la entrevista Lyotard se refiere a los deberes del ciudadano en una República en la cual el uso de la fuerza no debe tener lugar. Pero lo dicho es más que suficiente como reconocimiento de la importancia de niveles generales y universales de referencia y en esto dará lo mismo que esas referencias se llamen "preguntas únicas" o consenso o legitimación general.
CONFLICTOS, MEDIACIONES Y REGULACIONES
La aceptación de la alteridad conduce a la cuestión de las mediaciones necesarias y posibles.
El filósofo y matemático Antanas Mockus (1994) ha propagado la idea de que el educador puede ser un "recontextualizador" y en una sociedad multicultural como Colombia desempeñarse como un "anfibio cultural". El problema más importante que se presenta en una sociedad así es el de la incongruencia entre ley, moral y cultura.
"Podemos partir de la oposición entre dos tipos ideales de sociedad: aquellas donde lo moralmente válido cabe dentro de lo culturalmente válido, lo cual a su vez cabe dentro de lo legalmente permitido, y aquellas donde, como en la nuestra, abundan las incongruencias entre esos tres sistemas de regulación de la acción y la interacción. La nuestra, en especial por sus diversidad cultural y su grado de segmentación social, estaría más cerca del segundo tipo"(...) "Para nuestra argumentación lo decisivo es la posibilidad de no coincidencia entre lo autorizado o lo prohibido por los tres sistemas ..." (íd: 39)
Para reducir este divorcio Mockus considera necesaria una intensificación de la expresión y la interacción. "Lo sentido por cada cual debe aflorar y la pugna de intereses debe asumirse, aunque ello conduzca a resultados en parte impredecibles. Ampliar interfaces y flujos de comunicación y de interacción para reconstruir el tejido social implica riesgos; pero resulta necesario si se quiere lograr un mínimo de armonía social, el mínimo necesario para asegurar la fertilidad y civilidad de los conflictos."..."De cualquier modo, en la medida en que el orden social depende notablemente de la regulación cultural de la acción, y creemos que es así pues la aprobación o el rechazo cultural son en general más eficaces para regular la acción que la ley o la moral, el papel del anfibio es crucial"(17). (íd: 39 y 40)
En concordancia con estos razonamientos concluye Mockus que "democracia es pluralismo acompañado de algunas reglas de juego universales". En esto hay una aproximación a la idea de John Rawls (1988) sobre la posibilidad de apoyar la misma concepción política de la justicia por razones muy distintas.
"En cambio en una "democracia imperfecta, desgarrada o en construcción ... suele suceder lo contrario: hay razones similares para acogerse a reglas distintas y, paradójicamente, una homogeneidad moral relativa sirve de base a la coexistencia de reglas muy diferentes. Lo que suele dar piso a esa diversidad de reglas y puede fortalecerla es cierta fractura de la cultura o cierta diversidad en materia de culturas o subculturas. Las instituciones educativas y los medios que crean opinión pública tienen un importante papel en el afianzamiento de un ideal de universalidad y generalidad en las reglas de juego y en la búsqueda de una compatibilidad de las diferencias culturales e individuales con un sistema jurídico único. Hoy en día, formar personas o crear opinión pública es siempre poner en relación lo que se dice y piensa en contextos distintos. En lo fundametal, la opción "anfibio" significa un cierto respeto "desde dentro" a todas las opciones". (íd: 43)
Al aplicar estos criterios al fenómeno de la violencia en Colombia Mockus parte de investigaciones empíricas (por ejemplo: Orozco Abad 1992) para señalar una diferenciación entre el "delincuente por convicción (guerrillero) y delincuente tramposo (narcotraficante)". El actuar delictivo del primero se regula básicamente por consideraciones morales y en el segundo por "códigos culturales compartidos". Las consideraciones morales del guerrillero pueden volverlo poco permeable pero en la medida en que junto a la "ética de la convicción" (Weber) el guerrillero puede hacer un cálculo de consecuencias y costos ("ética de responsabilidad") se abre la posibilidad de que tome en cuenta y respete criterios de acción y de interpretación culturalmente ajenos. Mockus avala el punto de vista (por ejemplo de Valencia Villa, 1993) de que "la transformación de la guerra en paz es la transformación de la guerra en derecho ... hasta cierto punto el paso de la "pureza" -y la incapacidad de ponerse en el lugar del otro - a la hibridación, al conocimiento y al respeto - desde dentro - de otros mundos culturales, a la combinación procedente de diversos puntos de vista. Ello es lo que puede llevar a la aceptación de reglas comunes en contextos comunes, aunque sea - preferiblemente - por razones distintas." (43)
Pero el conflicto político violento - anotamos por nuestra parte - se refiere más al conflicto de moral y ley y por eso el papel mediador de los "anfibios culturales" es aquí más restringido y posiblemente haya que pensar en mediaciones políticas. Un conflicto de este tipo (entre moral y ley), según lo señala Guillermo Hoyos Vásquez (1993) no se soluciona convirtiendo a la moral en ley, es decir reduciendo el derecho a la moral. El derecho debe fundamentarse en el uso ético-político de la razón práctica.
Hoyos Vásquez analiza esta distinción apoyándose en el enfoque de Habermas (1992) sobre las estructuras comunicativas del mundo de la vida y "las posibilidades que ellas ofrecen para llegar a acuerdos vinculantes en la vida social" entre las cuales se destacan la moral y el derecho.
"Las relaciones tradicionales del derecho con la moral - dice Hoyos Vásquez- no implican el que la democracia sea mera aplicación de la moral al ámbito de la política, como pudiera desprenderse de la filosofía de Kant. Esto lleva a una confusión entre normas morales y leyes, que impide la clarificación del sentido moderno del derecho y de su significación constructiva para la sociedad. Se trata de liberar de tal forma la política de la moral, que el principio de la democracia explique suficientemente el sentido procedimental del derecho. Dicho principio puede ser relacionado entonces con el uso ético-político de la razón práctica, que no es lo mismo que el uso moral. (...) Con la distinción se busca desarrollar un discurso independiente, específico, ético político acerca de la democracia y el derecho". (Hoyos Vásquez 1993: 9 ss.)
Al tiempo que se aleja de una interpretación positivista o funcionalista del derecho Hoyos Vasquez considera que es errado criticar las fundamentaciones sistémicas del derecho y la política recurriendo a la moral.
"Si los principios generales de la moral, como fundamento de una sociedad justa, han de ser tendidos como normas, es necesario que realmente motiven, como valores para una sociedad determinada. Pero esto solo es viable si como complemento del principio universal de la moral, se recupera de un sentido más contextualizado de razón práctica, que pueda motivar a una sociedad concreta. Esto lo logra la democracia participativa, cuyo sentido de responsabilidad se enmarca así en el horizonte de la moral, pero en su especificidad, se orienta a las necesidades de una nación en vías de realización de un proyecto histórico (la constitución de un pueblo) mediante el compromiso de los ciudadanos" (íd. p. 13)
Los procedimientos democráticos son entonces la forma como se articula la idea de soberanía popular. Los derechos humanos se asumen "no como propiedades genéricas, sino como competencias que han de ser desarrolladas". Se trata entonces de la "vinculación de autonomía subjetiva y autonomía política, de autodeterminación personal y autorealización solidaria". Así se fundamenta la legitimidad del Estado y del derecho los cuales a su vez sirven no sólo para aumentar el "desarrollo material del mundo de la vida, sino para estabilizar el respeto por los derechos humanos y el compromiso con el 'proyecto ético' por excelencia, la constitución de una nación". "Este seria - concluye Hoyos Vásquez- el sentido positivo de la relación del Estado con la sociedad civil, criterio de evaluación de políticas y gobiernos concretos" (íd. p. 13).
Hoyos Vásquez se remite a Hanna Arendt para mostrar el carácter fundacional, constitucional y comunicativo de la soberanía popular:
"El poder sólo aparece allí donde los hombres se reúnen con el propósito de realizar algo común, y desaparecerá cuando, por la razón que sea, se dispersan o separan (...) es el único atributo humano que se da en el espacio secular interhumano gracias al cual los hombres se ponen en relación mutua, se combinan en el acto de fundación en virtud de la prestación y cumplimiento de promesas, las cuales en la esfera de la política, quizá constituyan la facultad humana superior" (Arendt, 1967: 185-186).
Respecto a los movimientos sociales - señala Hoyos Vásquez - no se puede menos que mostrar la necesidad real del "compromiso" (más que del consenso) para la solución de conflictos y realización de tareas "valiéndose para ello de herramientas jurídicas" (Id. p.9).
Previniendo lo que pudiera ser un "fundamentalismo de movimientos sociales" Hoyos Vásquez señala que:
"Una comprensión discursiva de la política, como política deliberativa, insiste en que la formación de la voluntad general no gana su fuerza legitimadora de la convergencia dada por tradiciones o por convicciones no cuestionables; la democracia participativa se apoya más bien en las posibilidades de construir acuerdos con base en la interrelación de las diversas formas de acción: tanto las establecidas oficialmente, como las informales de los nuevos movimientos sociales, cuyo escenario de influjo más que la política tradicional es un espacio público más abierto". (Hoyos Vásquez, 1993: 15).
Pero así como el derecho tiene una puerta abierta hacia el mundo de la vida incluyendo las organizaciones informales también tiene otra hacia el mundo de las relaciones sistémicas que él mismo fundamenta. Esto significa, por su parte, que las relaciones entre política y sociedad civil no solo tienen que ver con "el poder de los discursos informales, de los movimientos de protesta y de las políticas alternativas" sino también con la articulación de todo esto en formas de la democracia participativa "para influir en los partidos, en los órganos de decisión y en el gobierno mismo"(18).
Respecto a la articulación política se pude anotar, como ya se había indicado antes, que el discurso de las protestas y políticas alternativas sufre desplazamientos y enriquecimientos temáticos. En esto influyen los cambios en el mundo laboral "flexibilizado" a punta de medidas neoliberales (Sarmiento Anzola 1995) que fomentan la informalidad . Influyen también el ya mencionado entorno de violencia así como tendencias generales que se pueden encontrar en otros países. Como lo señala Archila Neira:
"Mirando más a fondo se percibe que aunque subsisten con gran peso reivindicaciones propias de las condiciones socioeconómicas, los movimientos sociales, incluidos los obreros y campesinos, cada vez incorporan en sus agendas otras dimensiones de la realidad como la ambiental, cultural, étnica o de género. (...) El mismo hecho de que asuntos como los derechos humanos sean crecientemente discutidos por diversos sectores sociales muestra una apertura a nuevos conflictos sociales. (...) en estos momentos un problema de primer orden en todos los movimientos sociales es la reconstrucción de la identidad, incorporando nuevas dimensiones de su existencia y nuevos actores. En pocas palabras: hay crisis de los movimientos sociales, especialmente en términos de la esfera tradicionalmente atribuida a la acción de clase, pero se vislumbran alternativas en terrenos políticos, culturales y simbólicos". (Archila Neira, 1995, 298)
El "descubrimiento" de las instituciones no tiene que conducir a los intelectuales o a los actores sociales necesariamente a una actidud pasiva o conservadora. Friedkand y Alford (1993, 155) se refieren a esa dinámica en torno a lo institucional de la siguiente forma:
"(...) no es posible entender el comportamiento del individuo o de la organización sin ubicarlos en un contexto social. Pero para afirmar la exterioridad de la sociedad en clave no-funcionalista y no-determinista se requiere una concepción alternativa de la sociedad que la presente como un sistema interinstitucional. Entendemos las instituciones al mismo tiempo como un conjunto de pautas de actividad supraorganizativas mediante las cuales los seres humanos rigen su vida material en el espacio y en el tiempo, y como un conjunto de sistemas simbólicos de los que se sirven para categorizar esa actividad y dotarla de significado (...) Esas instituciones son potencialmente contradictorias, de manera que dejan abierta una multiplicidad de lógicas para los individuos y las organizaciones. Individuos y organizaciones transforman las relaciones institucionales de la sociedad al explotar estas contradicciones".
Con el tema de las negociaciones de paz y la vigencia de los derechos humanos la trascendencia de lo institucional se ha vuelto relevante para todos los participantes en el conflicto colombiano. Es posible que, si en Colombia se resuelven los problemas de la violencia política, el país se parezca entonces más a Latinoamérica y que los grandes problemas económicos y sociales que son comunes para las mayorías populares del continente pasen a ocupar el centro de la atención y por lo tanto de la confrontación política. Por ahora el conflicto social y la profundización de un proceso de democratización están represados por el conflicto armado.
CONCLUSIONES
En la medida en que, desde comienzo de los ochenta, la posible solución del conflicto armado colombiano se convirtió en tema cotidiano, las ciencias sociales así como muchas ONG, organizaciones de masas e iniciativas de paz y derechos humanos, empezaron a poner un mayor acento en la dimensión ética, en el concepto de ciudadanía y en lo institucional en el más amplio sentido de la palabra (Estado, controles, procedimientos, etc.). Esto se puede entender como un síntoma de renovación en el "repertorio de contestación". Desde las ciencias sociales se espera que la profundización de esta evolución facilite una mayor intervención política a los sectores hasta ahora marginados de las grandes decisiones. Se trata no sólo de cumplir con la agenda dictada por la violencia sino también enfrentar los desfíos que surgen en el nuevo contexto del capitalismo globalizado y orientado por criterios neoliberales.
Los cambios en el repertorio de confrontación también tienen que ver con las mayores dificultades que enfrenta la izquierda para presentar un proyecto de sociedad. Por otro lado, el uso de la lucha armada, en un régimen semidemocrático (incluso si se lo considera seudodemocrático) exige un esfuerzo muy grande de legitimación en el cual los aspectos defensivos (respuesta a la represión, falta de garantías políticas para la oposición, etc.) ocupan un lugar preponderante. (Sánchez, 1998). Pero la legitimación que se puede encontrar mirando hacia atrás y aún mirando el presente minado por el desborde del paramilitarismo de derecha, la corrupción política y las injusticias sociales, desaparece si se piensa en desarrollar una propuesta alternativa de sociedad hacia el siglo veintiuno.
En la Latinoamérica hoy en día no se puede presentar ningún modelo alternativo de sociedad o siquiera la propuesta de una reforma puntual por fuera del marco de un procedimiento democrático. El control del Estado ya no se puede ver como el arma mágica que permite construir mayorías políticas y nuevos sistemas sociales independiente de los costos que puedan surgir. Tampoco se puede suponer inextinguible el espíritu revolucionario de una época o una o varias generaciones y considerar que las jornadas revolucionarias adquieren un carácter fundacional y mítico que ahorra posteriores procesos de legitimación. Por lo menos parece que los sandinistas no vieron conveniente (o posible) repetir el modelo de Castro y por eso se alejaron desde un comienzo del sistema de partido único. Signo de los tiempos? Y quien compare el lenguaje y la práctica del Ejército Zapatista con otras guerrillas latinoamericanas constatará también que hay algo nuevo en el repertorio de la confrontación. Las guerrillas colombianas que en los últimos años ponen mucho más énfasis en el reconocimiento de un poder regional y en negociaciones de paz demuestran una consolidación militar local (ver: FARC-EP, revista en Internet), pero posiblemente también responden así a la dificultad de legitimarse como alternativa nacional en tanto que guerrilla y con el lenguaje revolucionario de antes. Así como la observancia de los derechos humanos se ha convertido en un elemento crítico para los gobiernos, el derecho internacional humanitario se vuelve algo cada vez más obligante para los rebeldes que quieren tener una legitimación internacional y asegurar su futuro político.
El principio de que las decisiones políticas necesitan apoyo mayoritario y procedimientos democráticos, así como el principio de la legitimación periódica de los gobiernos (y en general de todo proyecto política sí sea de oposición) parece que están alcanzando una posición indiscutible entre los sectores contestatarios en Latinoamerica. En estas condiciones - y especialmente en aquellos países donde el sistema de partidos ha mostrado grandes defectos - los movimientos sociales han sido vistos como un área en la cual surgen tanto alternativas de sociedad como posibilidades de cimentar mayorías para los nuevos proyectos. La forma de protesta extrema que prefieren los actores sociales, se acerca al concepto de "desobediencia civil" que incluye lo ilegal pero no lo violento (Cohen/Arato, 1990: 564-604).
Pero un cambio político no se puede lograr si los actores políticos determinantes siguen siendo las fuerzas tradicionales agrupadas en partidos mayoritarios mientras que los sectores potencialmente favorables al cambio no cuentan con una expresión política (sea partido, movimiento o coalición) de influencia nacional. Esto se puso de presente en las elecciones colombianas posteriores a la Constitución de 1991. Las fuerzas reacias a los cambios ganaron las elecciones con una constitución más democrática mientras que los sectores que propugnaban el cambio y que deberían ser los primeros beneficiados del nuevo marco constitucional quedaron en minoría. Este estancamiento político (entrelazado con la represión estatal pero ante todo paramilitar), no lo pueden superar los movimientos sociales y populares o las protestas mismas que incluso pueden debilitarse. La guerrilla ha pretendido superar esta situación pero a pesar de su fortalecimiento militar no ha podido promover un movimiento político con sentido de clase, ni ha ayudado a fortalecer los núcleos de la izquierda los cuales son tomados como blancos de guerra por las fuerzas más extremas. Pero la guerrilla ha provocado en cambio no sólo una reacción de extrema derecha sino también una reflexión entre sectores de las clases dirigentes. Hay sectores modernizantes que son muy conscientes de la necesidad de hacer concesiones a la guerrilla en aras de la paz con la seguridad de que lo que pide la guerrilla en términos de régimen político (normas legales) no va a impedir que en último término sea el proceso político (es decir la correlación real de fuerzas) la que imparta la legitimación y marque el rumbo del país.
En cuanto a los enfoques teóricos hemos visto cómo la ciencia política, no pude contentarse con analizar la realidad sino que siempre tiene que arriesgar la propuesta de un "debe ser" (cómo "debe ser" o "debe ser dirigida" la sociedad). Algunos opinan (por ejemplo Noetzl y Brodocz, 1996) que, aún en los casos en que no se pasa explícitamente del diagnóstico, siempre se sugiere un "debe ser" y que por eso esta dimensión normativa, constructivista, es constitutiva de la ciencia política. Ésta necesita entonces una perspectiva hacia lo que no existe y no puede descansar únicamente sobre una segura base objetiva.
Las propuestas necesitan una fundamentación (argumentación) que se mueve entre dos límites (ideales). Un extremo es el "campo del objeto", es decir, cuando se argumenta presentando sistemas o estructuras que tienen un propio desarrollo que no podemos evitar sino apenas influir (aquí el "sistema" determina al sujeto). El segundo extremo es el "campo del sujeto" que implica por lo menos una de las siguientes condiciones: a) el que hace la propuesta asume como ciertas algunas suposiciones, necesita algunas "hipótesis de trabajo" que se apoyan en el rigor del método científico más que en la realidad dada, b) el reconocimiento la autonomía del actor social frente al sistema, ó c) que los actores sociales toman decisiones, en principio, sobre una base discursiva, es decir, sobre una base racional construida por ellos mismos. En el "campo del objeto" la propuesta normativa se construye sobre una base ontológica que tanto el científico como el actor social deben "respetar" mientras que en el segundo modelo - cuya importancia es cada vez mayor - se sobrepone una dimensión ética ya sea del científico o del actor social.
Cómo es el actor social? En esto también ha habido un desplazamiento importante. Se trata del paso de la posición privilegiada del sujeto colectivo (clase, grupo, movimiento social), como único actor posible, hacia el individuo como ciudadano.
En cuanto al alcance de una propuesta normativa vimos cómo los enfoques sobre los movimientos sociales pusieron en un momento mucho énfasis en lo "micro" y aunque parezca paradójico, esto llevó a una revalorización de diversas niveles de lo "macro" no por la vía de formular explicaciones omnicomprensivas pero si por la necesidad de contextualizar (concretamente de tomar en cuenta la globalización en marcha) y ante todo por la postulación de ciertos principios como los referidos a derechos humanos, paz, ciudadanía real, justicia social y democracia que articularían el análisis y la praxis.
En el trabajo concreto de una persona dedicada al estudio de nuestra realidad no se podrá encontrar ninguna de esas posiciones límites de manera exclusiva, sino más bien una combinación de perspectivas. Pero al comparar enfoques podremos ver hacia donde se desplazan los énfasis.
En comparación con las formulaciones estructuralistas que tomaban la crítica del marxismo al capitalismo como anuncio del derrumbe inminente de éste, y en comparación con los enfoques de la dependencia que explicaban la imposibilidad estructural del desarrollo capitalista en Latinoamérica, los nuevos aportes muestran una tendencia a apoyarse más en una base subjetiva, por ejemplo en el concepto de actor social, que en una fundamentación "ontológica". Esta "desontologización" de la normatividad ha exigido al mismo tiempo fortalecer el componente ético de las formulaciones pero también avanzar en el análisis del régimen (legalidad vigente) así como del proceso político y social.
CITAS
(1) Estos no eran solamente los "nuevos" (como ecologismo, feminismo, etc) sino también aquellos que el Latinomérica pueden calificarse de tradicionales o "con un carácter clasista", es decir, movimientos como el obrero, el campesino y también el movimiento indígena. Este último comparte elementos de la confrontación traidicional, por ejemplo, la lucha por la tierra, pero también características de los "nuevos" movimientos por el énfasis reciente en la cuestión de la autonomía cultural. El movimiento estudiantil tiene también una tradición apreciable pero por sus caracterísiticas y su relación con el contexto político es dificil clasificarlo en las categorías antes aludidas.
(2) Para el caso latinoamericano Alain Tourain ha insistido en diferenciar lo "popular" y las expresiones de clase. Lo primero no sería un movimiento social en sentido estricto y su contraparte sería el Estado. En el caso de los actores sociales, hay una contraparte, un adversario social. El ejemplo paradigmático es el de obreros enfrentados a capitalistas y aún el de campesinos enfrentados a los terratenientes. En Europa según Tourain el enfrentamiento de clase ha marcado el desarrollo político mientras que en Latinoamérica este enfrentamiento ha sido debil y en todo caso recubierto por la contradicción entre el movimiento popular y el Estado lo cual conduce a una politización inmediata pero superficial y reversible de los conflictos. (Tourain: 1988)
(3) Acciones sociales puntuales especialmente en ciudades pequeñas, en demanda, por lo general, de mejor infraestructura.
(4) Este último aspecto ha sido abordado por Archila Neira en un artículo previo: "Utopía armada? Oposición política y movimientos sociales durante el Frente Nacional", Controversia 168, mayo 1996, pags. 25-53" (Archila Neira, 1997:10).
(5) Tilly destaca que ese conjunto de formas de protesta colectiva que la gente aprende es, durante algunas generaciones, siempre limitado y por eso hay muchas formas de confrotación que no se llevan a la práctica aunque habrían sido posibles. La idea de repertorio de contestación fue extendida posteriormente a lo que pudieramos llamar todas las partes en conflicto que no necesariamente son sólo dos. Así el "repertorio" adquiere las connotaciones de una "interacción", de una "lengua" (Tilly, 1995:26-30). Cambios en el repertorio puede correlacionarse con los cambios en los ciclos de protesta. La precaución que tenemos con este concepto es que se refiere a largos periodos (de décadas a siglos) y las formas de la lucha social se evalúan especialmente según su difusión entre amplios sectores de la población. Aquí se incluyen también lo que Tarrow (1995) llama "momentos de locura donde todo es posible", es decir, momentos revolucionarios o de grandes niveles de protesta que duran poco tiempo. Por otra parte, en los estudios de Tilly, los actos de violencia en la protesta social corresponden sobre todo a periodos anteriores a la industrialización. Una vez que la industrialización se ha establecido en Europa, la violencia en la protesta social aparece como una manifestación marginal o puntual, reservada para las grandes confrontaciones.
(6) Otras aproximaciones a este balance reflexivo se pueden incluir en el debate entre modernidad y posmodernismo pero quedan por fuera del alcance de estas lineas.
(7) Para una visión neoliberal: De Soto, 1987
(8) Una lectura posmodernista de Fals Borda se encuentra en Castro Gómez 1992.
(9) Archila Neira señala que "la utilización guerrillera de las luchas laborales amenaza no sólo la autonomía sino la existencia misma de los sindicatos, pues los hace vulnerables a la macartización sobre la cual se monta la guerra sucia". Tal vez sea pertinente anotar que Archila Neira se apoya en una investigación realizada por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP del cual hace parte. Este centro ha sido blanco de críticas de la derecha y los militares colombianos e incluso ha sido agredido con acciones criminales paramilitares incluyendo el asesinato de dos de sus investigadores. El CINEP ha jugado un papel muy importante no sólo en el análisis de las movilizaciones populares sino también en el estudio y defensa de los derechos humanos y en los últimos años en la búsqueda de alternativas de paz para Colombia.
(10) Archila Neira anota que para los cuatro años anteriores en el Banco de Datos del CINEP se constataba "una leve disminución de la protesta sindical y campesina, acompañada de un repunte de la acción colectiva de los sectores cívicos".
(11) En contra de estos enfoques, él recurre a la argumentación de Chantal Mouffe: "la realidad es que somos sujetos múltiples y contradictorios, habitantes de una diversidad de comunidades (...) construidas por una variedad de discursos y ligadas temporal y precariamente en la interacción de estas posiciones del sujeto" (Chantall Mouffe 1994: 27, en Archila Neira 1995: 253).
(12) El autor se remite a Alain Tourain (1989) quien señala tres principios fundamentales que caracterízan los movimientos sociales: identidad, oposición y totalidad. Lo propositivo correspondería al principio de totalidad.
(13) Sobre las diversas dimensiones del actor social hay referencias en otros autores que aquí citamos como el peruano Martín Tanaka y el mexicano Carlos Vila pero también en Melucci.
(14) A Vilas lo mueve una intención que - frente al marxismo - muy diferente a la de Restrepo quien, como ya vimos, refuta - por el bien de los movimientos - tesis bastante popularizadas a nombre del marxismo aunque conserva de éste algunas categorías centrales (por ejemplo, sigue usando el concepto de clase o explotación) . En realidad a Restrepo lo motiva no tanto una discusión con el marxismo sino más bien la urgencia de demostrar la insuficiencia del voluntarismo revolucionario que desconocería la necesidad del cambio cutural, es decir de la democratización de la sociedad.
(15) Esta no era la intención de Touraine. Ver: id. 1994.
(16) Lo micro por su parte ha jalonado en los últimos tiempos un fuerte interés teórico en otras latitudes por ejemplo entre los comunitaristas y los impulsores de enfoques multiculturales. Algunos enfoques relacionados a la teoría del caos destacan el gran poder expansivo que puede tener el efecto de un cambio a nivel micro, aunque aquí es para demostrar los límites de la predecibilidad científica en lo social (Ver por ejemplo Landfried 1995). Lo micro en cuanto constitutivo de un saber también puede ser visto desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, en la discusión de los fundamentos de la ciencia Fritz Wallner (1994), impulsor de la corriente del realismo constructivo en Austria, señala que el conocimiento científico terminó parcelado en micromundos que no se pueden superar por un avance de cada ciencia en particular pues cada micromundo es "verdadero" en términos de su propio lenguaje, de sus prosupuestos y reglas científicas. Sólo el "distanciamiento" y la interdisciplinaridad, permiten lanzar preguntas a los fundamentos que en cada ciencia son tomados como algo sobre-entendido.
(17) Mockus propagó de manera persistente sus ideas aprovechando su posición de Rector de la Universidad Nacional y fue elegido con el apoyo de una amplia franja independiente Alcalde de Bogotá. Luego (1998) fue por un tiempo candidato independiente a la Presidencia.